Salvadoreños pagaron $25 millones más en harinas a Salume
El hecho se remonta a mayo de 2017 cuando la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), señaló sanciones impuestas por la Superintendencia de Competencia (SC) a MOLSA debiendo hacer efectivo el pago de una multa de $1,971,015.16, para la empresa propiedad de Adolfo “Fito” Salume Artiñano.
La empresa había sido declarada culpable por imponer precios de la harina de pan en el país, al grado de repartirse el mercado salvadoreño al estilo “Corleone”.
Sin embargo, la abogada de Molinos de El Salvador (MOLSA) y excandidata a diputada del partido Nuestro Tiempo, trató de evitar que la empresa MOLSA pagara el dinero por imponer precio de la harina de pan en El Salvador.
La competencia, sin embargo, pagó de forma voluntaria la multa en agosto de 2017, no así MOLSA que utilizó todos los recursos legales para tratar de evitar el pago de la millonaria cantidad que serviría para realizar obras para la población. La estrategia la logró hasta que la Fiscalía General de la República (FGR) siguió un proceso de ejecución de sentencia y que derivó en el embargo de las cuentas bancarias de la referida empresa.
Según estimaciones de la Super Intendencia de Competencia, el acuerdo entre estas dos harineras les habría lucrado por más de $10 millones cada uno de los tres años que fueron investigadas, dado el sobreprecio generado artificialmente, el cual se ha calculado en un 22%. Esta práctica anticompetitiva habría implicado, según estimaciones de la institución, un sobreprecio para los consumidores de $25 millones por la harina de trigo comprada, entre noviembre de 2008 y diciembre de 2010.
Con la prueba recabada se demostró que empresas acordaron repartirse el mercado en 55% para MOLSA y 45% para HARISA, respectivamente, sin permitir que otra empresa ingresara a El Salvador a la venta de harina de pan y si lo hacía, debería de pagar aranceles altos y plegarse a ellos. Sin embargo, el precio de la harina bajó cuando comenzó a moler Molino San Juan de la empresa GUMARSAL y por lo cual sus dueños fueron acusados de narcotraficantes, al grado que uno de ellos fue incluido en la lista de los Estados Unidos por narcotráfico, pero fue sacado de la lista tras verificar lo contrario.
Con toda esa trama de ilegalidades, la abogada de MOLSA trato de maniobrar para que su cliente Adolfo Salume no pagara la multa que el impuso la Superintendencia de Competencia.
Ahora y al estilo de Salume, la defensora del caso, por medio de sus redes sociales dice: “Colegas abogados y abogadas, sobre todo jóvenes, no se presten a falsear los hechos, no se presten a seguir acciones legales infundadas, improcedentes, injustas solo por ganarse unos pesos. No sirvan a clientes mafiosos que usan las instituciones para vendetas”.
En ese sentido añadió que: “La carrera universitaria, la autorización de abogado cuesta tiempo, sacrificio, amor, entrega. ejerzamos con ética, responsabilidad y lealtad. No comamos del sufrimiento y del dolor ajeno. Acordémonos que el que a hierro mata, a hierro muere y solo es cuestión de tiempo”.
