Ministerio de Trabajo abrirá oficinas departamentales el sábado ante demanda del programa de Inserción Laboral
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, anunció esta noche que las oficinas centrales y departamentales de la entidad estarán atendiendo el próximo sábado 26 de septiembre, ante la alta demanda de personas con discapacidad que buscan una oportunidad laboral, y que la han encontrado gracias al Programa de Inserción Laboral que impulsa el gobierno del presidente Nayib Bukele.
«Debido a la demanda que estamos teniendo en el #ProgramaDeInserciónLaboral para personas con discapacidad por parte de las empresas, he instruido que este sábado en todas nuestras oficinas departamentales puedan atender a personas con discapacidad para actualizar sus datos», anunció el funcionario.
Aclaró que las oficinas centrales también estarán abiertas, e hizo un llamado a la población con discapacidades para que se acerquen a actualizar los datos y poder optar a una plaza en el sector público y privado.
El pasado 23 de enero, el ministro Castro anunció la ejecución del Programa de Inserción Laboral, enfocado en abrir oportunidades para personas con discapacidad. Para cumplir con este propósito, se coordinan las acciones con el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI) y el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD).
En 2021, las reformas al Fideicomiso para la Recuperación de las Empresas Salvadoreñas (FIREMPRESA) desembolsó $619,741 en subsidio para 304 solicitudes hechas con personas en la referida situación y que resultaron afectadas en sus actividades productivas debido a la pandemia.
Por otro lado, bajo la administración actual, el ISRI ha entrado en un proceso de modernización y mejoras internas para ofrecer un mejor servicio a los usuarios de todas las edades.
En sus diferentes programas, el MINTRAB funciona como un enlace con las empresas para las contrataciones. Reúne información sobre los trabajadores y los ubica según los perfiles que buscan los patronos.
La ley vigente consigna que debe haber un mínimo de contratación de personas con discapacidad en el sector privado, a quienes se les deberá garantizar un trato digno e igualdad de género. También establece la obligación todas las instituciones, y a las alcaldías, a llevar a cabo actividades de inclusión para este sector.
