Decretan arresto domiciliar para Violeta Menjívar y Erlinda Handal
El día de ayer durante la audiencia especial de revisión de medidas en contra de la exministra de Salud, Violeta Menjívar y Erlinda Handal Vega, exviceministra de Tecnología, el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador les decretó arresto domiciliar.
Eduardo Cardoza, abogado defensor de las acusadas detalló que la sustitución de medidas se debió a que ambas exfuncionarias se someterán a un procedimiento abreviado; cuando el juzgado decida realizar la audiencia preliminar, admitirán los delitos que les imputa la Fiscalía General de la República (FGR), a cambio de una pena leve.
«La jueza dijo que sustituye la medida y que las dos van a arresto domiciliario», afirmó el abogado Eduardo Cardoza, defensor de Herlinda Handal. Expresó que, según la jueza, el panorama para ambas ha cambiado desde que se decretó la detención, razón por la que aceptó decretó medidas sustitutivas a la detención en centros penales.
En la acusación fiscal se detalla que Menjívar en su calidad de ministra de Salud, durante el mandato del expresidente Mauricio Funes, recibió $177,000 en concepto de sobresueldos y Erlinda Handal habría recibido $162,000.
Ambas son procesadas junto a otros ocho imputados que estuvieron en diversas instituciones públicas, entre ellos figura el expresidente Salvador Sánchez Cerén, señalado de haber recibido $530,000 en concepto de sobresueldos en su calidad de vicepresidente de la República entre los años 2009 al 2014.
El pasado 28 de julio de 2021, el Juzgado Segundo de Paz aprobó la detención de ambas exfuncionarias, por lo que fueron capturadas junto a Carlos Enrique Cáceres Chávez, exministro de Hacienda y Calixto Mejía Hernández, exministro de Trabajo en el denominado caso “Desfalco”, luego que el ministerio público los acusara de recibir sobresueldos durante la administración Funes (2009-2014).
La Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía ha dicho que el monto con el cual se enriquecieron ilícitamente es $2,643,000.00 y al haberlo ingresado al sistema financiero y utilizado en otras transacciones cometieron el delito de lavado de dinero.
La acusación está fundamentada por la representación fiscal con recibos de cobros que van desde los $150,000 hasta los $565 000 que supuestamente los imputados percibieron en el mandato presidencial de Mauricio Funes.
